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Es un hecho que vivimos en contextos cada vez más complejos y plurales. Los ciudadanos reclaman con mayor insistencia que los gobernantes sean capaces de mantener un orden sólido y responder con acierto a sus distintas necesidades -económicas, educativas, culturales, espirituales, artísticas, de seguridad…-. En definitiva, se trata de conseguir sociedades más prósperas que, a su vez, respeten la diversidad, lo que podría resolverse dando más voz y peso a las iniciativas de individuos. 

David Thunder, investigador Ramón y Cajal del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra, ha reflexionado sobre estas cuestiones en el marco del coloquio internacional “Governance and Order in a Complex Society”, organizado dentro de su proyecto RESPUBLICA – Construir la Res Publica en una sociedad cultural y moralmente compleja. La actividad ha contado con el apoyo de Fundación Ciudadanía y Valores y Proeduca Summa S.L.


-La centralización del gobierno se justifica por su capacidad de garantizar el orden público y supervisar la vida política, social y económica, pero, ¿cuáles son los riesgos de un Estado excesivamente centralizado?

La centralización constituye un fenómeno de la vida social. Los grupos que son o se consideran más democráticos siempre tienen una estructura de mandos, una jerarquía. En la vida cotidiana vemos que, por sentido común, siempre hay que nombrar a alguien para coordinar la vida de un grupo. Pero en una organización o sociedad muy compleja se da una gran especialización y dispersión de saberes (tecnología, economía, ciencia…), por lo que resulta difícil centralizar el conocimiento de todas las funciones en las manos de unos pocos. Los retos que surgen se escapan al conocimiento de las autoridades. 

Uno de los grandes fracasos de regulación ha tenido que ver el sistema financiero, como hemos visto en EE. UU. El sistema depende de consejos que proponen y establecen normativas sobre campos como las inversiones. Como es un sector muy cambiante, las empresas privadas que trabajan en él poseen conocimientos hiperespecializados y, de ese modo, juegan a su favor. Las grandes crisis financieras se han debido en buena parte a esto. 

Un segundo riesgo del que ya advertían los clásicos es la corrupción o el ejercicio de poder interesado. Un ejemplo es la asignación de fondos públicos; en muchas ocasiones, nuestros representantes asignan contratos a dedo a empresas de amigos personales, que no necesariamente dan el mejor servicio al mejor precio.


«Cuando el proveedor del servicio está más cerca de los ciudadanos y conoce bien el contexto, tiene mejor capacidad para tomar decisiones que respondan mejor a las necesidades y hay menos riesgo de corrupción».


-¿Qué aporta el concepto de policentrismo?

Favorece la delegación de poderes, con la condición de que la unidad central se reserva cierto control -no se trata de firmar un cheque en blanco- y que aquel en quien se delegan las funciones dispone de autonomía. 

En los últimos cuatro siglos se ha tendido cada vez más hacia la centralización del poder, sobre todo por la idea de que resulta más eficiente. No obstante, esto no siempre es así en muchas cuestiones de administración pública. Así lo ha demostrado, por ejemplo, un estudio liderado por la politóloga estadounidense Elinor Ostrom sobre la organización de la policía metropolitana de Chicago. Comparó un modelo centralizado y otro muy descentralizado y concluyó que los ciudadanos percibían más calidad en el segundo caso. Cuando el proveedor del servicio está más cerca de los ciudadanos y conoce bien el contexto, tiene mejor capacidad para tomar decisiones que respondan mejor a las necesidades y hay menos riesgo de corrupción, al darse menor concentración de poder.  

Obviamente, esto no quiere decir que todos los sistemas descentralizados funcionen siempre mejor, pero por lo general una coordinación inteligente de las unidades pequeñas da buenos resultados.


«En política, si apuestas por un sistema descentralizado, algunos servicios se pueden subcontratar y regirse por las reglas del libre mercado».


-Uno de los riesgos del policentrismo es la falta de eficiencia. ¿Cómo se debe concebir para que no haya duplicidad de estructuras que supongan más desembolso para los contribuyentes? 

Una analogía útil es el mercado libre. Hay empresas de diversos tamaños especializadas en  todo tipo de servicios y productos. Los ciudadanos escogen la que mejor se adecua a sus necesidades y que funciona mejor. Una compañía pequeña que no logra proveer un buen servicio a un precio razonable tiene dos opciones: cerrar o fusionarse con otra. Este proceso promueve la eficiencia dentro de la economía. En política, si apuestas por un sistema descentralizado, algunos servicios se pueden subcontratar y regirse por las reglas del libre mercado. Detrás de esto hay un principio moral: que el ciudadano pueda tener cierto control sobre cómo se usan los recursos que aporta.

-¿Puede poner algún ejemplo?

En EE. UU. están implementando un modelo interesante en el ámbito de la educación. En lugar de que los impuestos vayan a un fondo genérico y el Estado reparta los fondos a las escuelas, se asigna un bono a los padres para que destinen el dinero a la que quieran. Eso genera un sistema de competencia entre los centros para ganar la confianza de los padres.

Se han hecho muchas críticas, como que eso favorece a las corporaciones más ricas y situadas en mejores zonas. Pero si hay más recursos para aquellas que funcionan mejor, los padres con menos recursos o que viven en barrios más desfavorecidos también podrán llevar también a sus hijos a las de calidad, en lugar de conformarse con las que les tocarían por su ubicación. Dar dinero indiscriminadamente a todos los colegios alimenta las ineficiencias en el sistema, pues si uno tiene recursos garantizados independientemente de su rendimiento, no encontrará incentivos para mejorar. 


«La fortaleza de las asociaciones de ciudadanos es que pueden canalizar recursos y talento en el nivel local».


-¿Cómo pueden los ciudadanos recuperar su protagonismo frente a un Estado excesivamente regulador? 

El sistema otorga un papel desproporcionado a los partidos políticos nacionales y eso deja poco margen de maniobra para que los ciudadanos puedan influir en las políticas de su país. En cambio, en el nivel municipal es más fácil colaborar. Puedo mencionar un ejemplo cercano del lugar donde vivo, Ardoi, en Zizur Mayor (Navarra). El gobierno municipal quería implementar un sistema de videovigilancia con la excusa de prevenir delitos, lo que generó bastante polémica. Los ciudadanos nos sentíamos impotentes para plantar cara, pues no conocíamos las leyes municipales ni disponíamos de herramientas para enfrentarnos al sistema. Sin embargo, una asociación local puso en marcha todos los mecanismos legales que pudo y se encargó de coordinar a los habitantes para que el proyecto se retirase. Al final no solo se consiguió esto, sino que se logró que un tribunal determinase que se habían usado incorrectamente recursos públicos y se pidieron responsabilidades. Esta es la fortaleza de las asociaciones: pueden canalizar recursos y talento en el nivel local.

-Parece como si solo pudiéramos participar en el sistema por la puerta de atrás… ¿Cómo debería este implicar a los agentes sociales más relevantes?

La única manera que encuentran muchos ciudadanos de hacerse oír es movilizarse y manifestarse en la calle, o bien poner un recurso legal contra una administración. Esto es muy diferente de que una institución de gobierno se preocupe proactivamente de los intereses de los ciudadanos. Todas deberían contar con canales proactivos de escucha a los agentes sociales. A través de focus groups, por ejemplo, se puede conocer de cerca la actividad y las necesidades de iniciativas civiles, así como su experiencia con las administraciones públicas, y canalizar el conocimiento recabado a los distintos departamentos. Esta herramienta permite obtener retroalimentación y, a la vez, concienciar a los ciudadanos sobre su rol en los procesos. 


«El hecho de que los individuos no sepan gobernar bien sus vidas no significa que las autoridades vayan a hacerlo mejor. De hecho, se generan patologías nuevas porque estas no poseen el conocimiento adecuado para regir todas las actividades de la vida social».


-¿Cómo afecta la complejidad social y cultural al buen gobierno de un territorio? ¿Cómo es posible gobernar para todos cuando existe tanta diversidad?

Hay que darse cuenta de los límites de la coordinación centralizada y contar más con los ciudadanos. La sociedad más libre es aquella cuyos ciudadanos tienen más capacidad de autogobierno. Por el contrario, una más esclava requiere un gobierno más centralizado. Pero el hecho de que los individuos no sepan gobernar bien sus vidas no significa que las autoridades vayan a hacerlo mejor. De hecho, se generan patologías nuevas porque estas no poseen el conocimiento adecuado para regir todas las actividades de la vida social y se guían por motivos políticos, intuiciones o conocimientos deficientes. 

Buena parte de la solución al gobierno de una sociedad compleja es la formación cívica, capacitar a los ciudadanos de alto rango para que supervisen las actividades complejas y darles formación moral para que orienten sus decisiones hacia el bien común. 

-En tu proyecto RESPUBLICA investigas qué tipo de principios podrían guiar un orden civil compartido para que la sociedad sea suficientemente robusta y, a la vez, suficientemente flexible para adaptarse a la pluralidad. ¿Cómo son estos principios?

Es una pregunta abierta y en progreso. Una de las raíces de esos principios es una actitud interpersonal: apostar por la libertad y confiar en la capacidad de la persona, en el sentido de que creer que si tiene las oportunidades adecuadas puede llevar a cabo sus proyectos y promover el bien común directa o indirectamente a través de ellos. Otro aspecto es la conexión íntima entre el orden institucional y el cultural, entender que no existe una solución institucional que pueda responder a los retos de gobierno si no viene acompañada de otra cultural. 

Autora: Isabel Solana

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